El derecho a la educación en América latina: retos, utopías y criticidad desde las políticas públicas.

Hablar de derecho a la educación en América latina se ha reducido históricamente al asunto de la Cobertura. No solo desde la concepción del marco legal vigente, sino desde las creencias de la mayoría de las personas de la sociedad civil, como de la dirigencia neoliberal que aplica dichos postulados sin reparo alguno. El derecho real y explícito a la educación no significa que los niños estén dentro del sistema por un tiempo más o menos prudente. Indica que se combinen varios hechos que contribuyan a la construcción de los conceptos de permanencia, equidad, nutrición, eficiencia y calidad entre otros. La deuda en ese ámbito es enorme en el continente.
Sin embargo, según Pablo Gentili, “los sistemas educativos de la región se expandieron vertiginosamente, disminuyendo de paso el analfabetismo y permitiendo un mayor acceso de niños y jóvenes a las escuelas”. Esto evidentemente se puede mostrar en calidad de mejoras de algo muy parecido a lo que podría denominarse políticas educativas. A todo esto habría que adicionarle que el continente por lo menos en este renglón avanzó a la par de algunos países europeos y de Asia, y superó con creces las naciones más deprimidas de África y Oceanía. De todas formas la exclusión y el colonialismo siguen inalterables. La injusticia y la desigualdad social ubican a América latina como la zona más inequitativa del planeta. La distribución del ingreso amasa cinturones de miseria en todas las latitudes del continente, a pesar de ampliar los cupos escolares, se asiste a la más dramática pauperización de la calidad de vida de latinoamericanas y latinoamericanos.

Para la época y para hoy aún, de acuerdo al pensamiento de Germán Rama, “los conceptos de segmentación y exclusión eran las armas silenciosas del estado para expandir de manera generalizada la brecha entre ricos y pobres”. Sin duda alguna el crecimiento de la oferta educativa poco sirve para incrementar el conocimiento y la calidad de la educación que se imparte. La elección para hacer parte de una escuela estuvo y está privilegiada por la capacidad adquisitiva de los padres, el talento de niños y jóvenes no se tiene en cuenta, por ello los estudiantes pobres acceden a instituciones alicaídas y los ricos a los claustros más reputados. Todo sigue igual. Como dice, Jairo Hernán Estrada, nuevamente, “la redefinición del modelo económico, es prevalente sobre los derechos o la garantía de estos”

Vale la pena decir que la democratización del acceso a las escuelas en América latina ha incidido muy poco para disminuir la exclusión. Los desarrollos desiguales, la permanencia dentro del sistema y los procesos de enseñanza parecen indicar que la segmentación seguirá siendo la medida real, en el sentido que las oportunidades educativas serán siempre mejor aprovechadas por los adinerados. El tinglado social estará servido para que la disputa, “educación pública versus educación privada”, continúe enrareciendo el escaso debate sobre la desigualdad social propiciado obviamente por el neoliberalismo en la región.
A lo anterior se le abona que la expansión del sistema escolar en la región, lógicamente incrementó la demanda. Al haber más niños y jóvenes en las instituciones aparecen otros problemas apremiantes: la pésima estructura de las instituciones educativas, la escasa capacitación docente, poco acceso a las tecnologías educativas y la precarización laboral de los maestros. Estamos hablando de lo mismo hace 50 años pero no parece. Los clamores de la sociedad civil y el estado son los mismos. Es cierto que el sistema educativo creció de manera acelerada, pero también es evidente que la financiación de éste se ha visto disminuida. La inversión en educación hoy como antes es un factor decisivo para cumplir con las metas sociales de cualquier política pública. Si bien habría que reconocer que la inversión en educación se ha incrementado, también crecen otros fenómenos gubernamentales que poco aportan para que los dineros que deben financiar a la educación sean efectivos: la corrupción, el clientelismo, la falta de control y fiscalización pública y el patrimonialismo. Estos vicios históricos devoran inexorablemente los rubros que se presumen deben costear al sector educativo. En Colombia, la excusa del conflicto armado y los variados impactos de las reformas políticas o laborales, aparecen como responsables directas de la debacle social que observamos aun. De contera, los gobiernos neoliberales, como parte de sus políticas, sujetadas a los empréstitos hechos a la banca multilateral, empezó a financiar la educación bajo el esquema de los “fondos”. Esto indica entregarles los dineros públicos a operadores privados en vez de fortalecer las instituciones del estado. Ya no solo las escuelas privadas aparecían como un escenario de exclusión y segmentación financiado con los dineros de los ricos. Ahora era el estado quien con los dineros de la sociedad civil robustecía a los empresarios de la educación. La privatización hacía su aparición aunado al concepto de calidad. Pero como para hablar de calidad el asunto no pasaba simplemente por lo semántico, el estado “copia” lo de las pruebas estandarizadas de otros países y crea sistemas de evaluaciones nacionales, no solo para estigmatizar al gremio docente, sino también para relacionar los resultados de los niños y jóvenes a distintas situaciones de calamidad social o vulnerabilidad: los mediocres resultados de las pruebas aplicadas denigra a los pobres, a los indígenas, a las comunidades rurales o a los negros. Se pregunta cualquiera si el concepto de calidad solo puede ser refrendado por una simple prueba, la que define el gobierno, con sus propias teorías, estrategias y bagatelas tecnocráticas. Obviamente los operadores privados de la educación simulacro tras simulacro, entrenamiento tras entrenamiento, incluso solicitando a los padres de familias más dinero para el pulimento de las destrezas frente a la prueba, hoy ostentan las máximas distinciones del estado y el beneplácito de acudientes y medios de comunicación. Cobran sobra decirlo por “calidad” ofrecida.
En las escuelas públicas en cambio las pruebas las financia el estado esporádicamente. A pesar de lo anterior evaluar más no significa mejorar. Desde luego invertir más tampoco promueve sustantivamente los avances, y hoy se puede decir, que nunca se había invertido tanto en educación en América latina. La discusión se debe plantear entonces es dónde se invierte el dinero. La política de estado sabe que si coloca el dinero donde es, es posible que la educación sirva para lo que sirve en todas partes: Ubicar a las personas a pensar de manera inteligente para tomar decisiones políticas, económicas, sociales, éticas, espirituales, filosóficas y morales de beneficio individual y colectivo.

¿La educación puede salvar a América latina? ¿La educación es la llave del desarrollo de los pueblos? Cierto. Pero, creemos que las políticas neoliberales en el discurrir histórico, con distintos rostros y matices, intentará obstaculizar los propósitos (si es que los tiene) de la sociedad civil. En el horizonte del continente se perciben nuevas emergencias y movilizaciones socioculturales, esto sin duda parece que propiciará otras tendencias geopolíticas en el continente. Es posible que la unión de los países latinoamericanos sea el escenario concreto para redefinir el futuro de la región desde nuestros propios consensos y divergencias. Para ello la educación desde el marco del derecho, hoy como ayer, seguirá siendo la clave.


Gentili, Pablo. Desencanto y utopía. La educación en el laberinto de los nuevos tiempos. Los grandes enfoques de la política pública. Universidad Pedagógica Nacional. 2008.