Modelo económico, modelo educativo: Concepciones, enfoques y problemáticas educativas en América latina.

Aun cuando el concepto de política pública siempre ha estado asociado a las acciones del estado o a ciertas actividades del gobierno de turno, para que ésta funcione o bien para que exista como tal, “todo pasa por la redefinición del modelo económico imperante”. Esta premisa desvirtúa no solo el principio inviolable de la soberanía, la autonomía y la dignidad de los pueblos, sobre todo cuando la entrega se hace a favor de la banca privada o en su defecto beneficiando a los organismos multilaterales de préstamo del nivel internacional. La llamada liberalización de la economía hace presencia en todos los estamentos de las naciones permitiendo que todo opere bajo el criterio de la demanda, colocando a todo un pueblo a merced de las reglas de un mercado que obra en función de las multinacionales privadas.
Bajo este orden de ideas las empresas privadas bajo la anuencia del estado empiezan a cumplir funciones que antes eran patrimonio exclusivo del aparato estatal. Nada escapó a semejante parafernalia. Los gobiernos neoliberales “vendieron” a costos irrisorios la mayoría de las entidades del estado so pretexto que eran inviables en términos económicos. El beneficio social dejó de ser un capital importante pues desde la mirada de la oferta y la demanda, lo esencial eran las ganancias materiales.

Toda esta percepción privatizadora coloca a la educación en calidad de un negocio más que podía ser ofertado por las entidades privadas, es decir la redefinición de lo económico prevalece, en el sentido que lo trascendental es que el servicio educativo le llegue a las personas, no importa bajo qué tipo de contratación o qué tipo de organización pueda ofrecerlo. Para estos efectos los gobiernos impusieron la descentralización como un mecanismo político para despoderizar y desconcentrar el imperio omnímodo del gobierno nacional sobre las regiones. Sin embargo este “concepto de descentralización es relativo, pues lo fundamental lo sigue controlando el gobierno”, o por lo menos en el papel lo regula. Se cree, de alguna manera, que este artilugio gubernamental es un golpe mortal a la autonomía. Pues el estado por una parte le entrega un manejo mínimo a los entes territoriales y por el otro se inventa toda suerte de revisiones y certificaciones, para seguir inspeccionando sus obligaciones.

Todo gobierno neoliberal lo primero que hace es reformar el estado. Reformar el estado es desentenderse casi siempre de la mayoría de las responsabilidades que le son intransferibles por decirlo de alguna manera. La desaparición de entidades y la aparición de otras en el sector público, la supresión de puestos de trabajo adelgaza el estado de una forma tal, que las iniciativas particulares entran a reemplazar los proyectos públicos. Todo esto se da ante el silencio cómplice de una sociedad civil que avala estas prácticas a través de participar de una democracia endeble y una gobernabilidad cuestionada por la injerencia de gobiernos extranjeros, atenuados por el discurso de la globalización y justificados por el dogma irrefutable que la apertura de las fronteras a todo lo de afuera es y seguirá siendo la medida real de la inobjetable globalización. Entonces mediante una carga impagable de una gran cantidad de impuestos se construye la financiación de estas nuevas empresas que terminan incrementando con dineros públicos las chequeras de los empresarios privados. Legalizado el negocio perverso bajo la normativa de la lógica del mercado, el pensamiento que aflora es que el modelo educativo, en la mirada del neoliberalismo se debe financiar bajo los parámetros de la demanda. Aún la figura de la garantía del derecho a la educación es más un sofisma que un principio constitucional efectivo.
Pero si el neoliberalismo es dañino, el neoinstitucionalismo es peor. Este segundo concepto es introducido para “el diseño de las reglas de juego que permitan que las políticas de estado sean socialmente aceptadas” por el grueso de la población. La noción de sociedad civil como un escenario de consenso es de alguna manera receptora de tales políticas, no importando que estas sean impuestas, el solo hecho que la mayoría estén involucrados en calidad de usuarios, confirma el maridaje y la aceptación. La propiedad privada adquiere ribetes inamovibles y las reglas de transparencia aparecen como la panacea para minimizar el desastre social que se avecina. De hecho, tales políticas tienen y tendrán efectos devastadores en los sectores vulnerables: la pobreza y la desigualdad se multiplican; y lo social, se confirma como la mácula inocultable en el fracaso obvio de la filosofía política establecida. Neoliberales y neoinstitucionalistas intentan incorporar elementos sociales para reducir la pobreza y la desigualdad. Garantizar el disfrute de los derechos de todos y todas dentro de unas condiciones mínimas es observado por ellos y por los beneficiarios de dichas medidas como un “alivio social”. De ninguna manera la pobreza y la desigualdad han desaparecido en América latina. Ha sido más sencillo para los gobiernos cambiar los indicadores que miden estas dos variables, que avanzar en la implementación de políticas que desactiven las causas que las provocan.
El mal llamado “alivio social” que por muchos años ha desvelado a los gobiernos de derecha se ha reencarnado hoy día, en pavorosas políticas asistencialistas cuyos fines son simplemente electorales o un sofisma perverso para mantener la gobernabilidad. Al lado de éstas empresas maquiavélicas orquestadas por el neoliberalismo, aparecen toda suerte de fundaciones sin ánimo de lucro, lideradas por artistas y deportistas, cuyo objetivo altruista (al parecer) es ayudar a los más pobres. Pero han terminado lánguidamente reemplazando las funciones del estado en sus responsabilidades constitucionales, fortaleciendo no solo el asistencialismo, sino acrecentando la diabólica cadena de dependencia y miseria, en lo cual son cómplices y aliados del gobierno. Los subsidios gubernamentales y las limosnas de los famosos son el tal “alivio social” para las víctimas del modelo político.
Mantener la pobreza y reproducir la desigualdad social son entonces el objetivo real del neoliberalismo, el neoinstitucionalismo y la filosofía política de la derecha privatizadora. Para ello la tendencia mercantil mundial de la educación debe ser implementada en todos los rincones del planeta. Es obvio que la escuela deja de ser un ámbito para la construcción de conocimientos desde lo político, lo cultural, lo social, lo intelectual y lo ético, para ser organizada desde la concepción de la gestión de recursos. La lógica empresarial subordina a la pedagogía y el pensamiento intelectual se reduce a la enseñanza y el aprendizaje de conceptos anodinos, poco relevantes y racionalizados para desarrollar tareas mecánicas.

Una educación que no tiene en cuenta los desarrollos desiguales y los ritmos de aprendizajes distintos tiende al unanimismo y al fomento de la estandarización. La educación ofertada en calidad de mercancía estará al servicio de la mediocridad. Las políticas educativas dependerán de lo económico. Estos países seguirán sumidos en el más cruel olvido. Pues la educación podrá aportar poco al desarrollo intelectual de los seres humanos. Imaginar los escenarios educativos de América latina como franquicias de conglomerados financieros de Estados unidos o Europa cada día deja de ser una pesadilla lejana, para convertirse en una realidad a la cual tarde o temprano nos acostumbraremos. Finalmente para eso sirven las políticas que nos imponen. ¿Políticas?