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domingo, 28 de marzo de 2010

El derecho a la educación en América latina: retos, utopías y criticidad desde las políticas públicas.

Hablar de derecho a la educación en América latina se ha reducido históricamente al asunto de la Cobertura. No solo desde la concepción del marco legal vigente, sino desde las creencias de la mayoría de las personas de la sociedad civil, como de la dirigencia neoliberal que aplica dichos postulados sin reparo alguno. El derecho real y explícito a la educación no significa que los niños estén dentro del sistema por un tiempo más o menos prudente. Indica que se combinen varios hechos que contribuyan a la construcción de los conceptos de permanencia, equidad, nutrición, eficiencia y calidad entre otros. La deuda en ese ámbito es enorme en el continente.
Sin embargo, según Pablo Gentili, “los sistemas educativos de la región se expandieron vertiginosamente, disminuyendo de paso el analfabetismo y permitiendo un mayor acceso de niños y jóvenes a las escuelas”. Esto evidentemente se puede mostrar en calidad de mejoras de algo muy parecido a lo que podría denominarse políticas educativas. A todo esto habría que adicionarle que el continente por lo menos en este renglón avanzó a la par de algunos países europeos y de Asia, y superó con creces las naciones más deprimidas de África y Oceanía. De todas formas la exclusión y el colonialismo siguen inalterables. La injusticia y la desigualdad social ubican a América latina como la zona más inequitativa del planeta. La distribución del ingreso amasa cinturones de miseria en todas las latitudes del continente, a pesar de ampliar los cupos escolares, se asiste a la más dramática pauperización de la calidad de vida de latinoamericanas y latinoamericanos.

Para la época y para hoy aún, de acuerdo al pensamiento de Germán Rama, “los conceptos de segmentación y exclusión eran las armas silenciosas del estado para expandir de manera generalizada la brecha entre ricos y pobres”. Sin duda alguna el crecimiento de la oferta educativa poco sirve para incrementar el conocimiento y la calidad de la educación que se imparte. La elección para hacer parte de una escuela estuvo y está privilegiada por la capacidad adquisitiva de los padres, el talento de niños y jóvenes no se tiene en cuenta, por ello los estudiantes pobres acceden a instituciones alicaídas y los ricos a los claustros más reputados. Todo sigue igual. Como dice, Jairo Hernán Estrada, nuevamente, “la redefinición del modelo económico, es prevalente sobre los derechos o la garantía de estos”

Vale la pena decir que la democratización del acceso a las escuelas en América latina ha incidido muy poco para disminuir la exclusión. Los desarrollos desiguales, la permanencia dentro del sistema y los procesos de enseñanza parecen indicar que la segmentación seguirá siendo la medida real, en el sentido que las oportunidades educativas serán siempre mejor aprovechadas por los adinerados. El tinglado social estará servido para que la disputa, “educación pública versus educación privada”, continúe enrareciendo el escaso debate sobre la desigualdad social propiciado obviamente por el neoliberalismo en la región.
A lo anterior se le abona que la expansión del sistema escolar en la región, lógicamente incrementó la demanda. Al haber más niños y jóvenes en las instituciones aparecen otros problemas apremiantes: la pésima estructura de las instituciones educativas, la escasa capacitación docente, poco acceso a las tecnologías educativas y la precarización laboral de los maestros. Estamos hablando de lo mismo hace 50 años pero no parece. Los clamores de la sociedad civil y el estado son los mismos. Es cierto que el sistema educativo creció de manera acelerada, pero también es evidente que la financiación de éste se ha visto disminuida. La inversión en educación hoy como antes es un factor decisivo para cumplir con las metas sociales de cualquier política pública. Si bien habría que reconocer que la inversión en educación se ha incrementado, también crecen otros fenómenos gubernamentales que poco aportan para que los dineros que deben financiar a la educación sean efectivos: la corrupción, el clientelismo, la falta de control y fiscalización pública y el patrimonialismo. Estos vicios históricos devoran inexorablemente los rubros que se presumen deben costear al sector educativo. En Colombia, la excusa del conflicto armado y los variados impactos de las reformas políticas o laborales, aparecen como responsables directas de la debacle social que observamos aun. De contera, los gobiernos neoliberales, como parte de sus políticas, sujetadas a los empréstitos hechos a la banca multilateral, empezó a financiar la educación bajo el esquema de los “fondos”. Esto indica entregarles los dineros públicos a operadores privados en vez de fortalecer las instituciones del estado. Ya no solo las escuelas privadas aparecían como un escenario de exclusión y segmentación financiado con los dineros de los ricos. Ahora era el estado quien con los dineros de la sociedad civil robustecía a los empresarios de la educación. La privatización hacía su aparición aunado al concepto de calidad. Pero como para hablar de calidad el asunto no pasaba simplemente por lo semántico, el estado “copia” lo de las pruebas estandarizadas de otros países y crea sistemas de evaluaciones nacionales, no solo para estigmatizar al gremio docente, sino también para relacionar los resultados de los niños y jóvenes a distintas situaciones de calamidad social o vulnerabilidad: los mediocres resultados de las pruebas aplicadas denigra a los pobres, a los indígenas, a las comunidades rurales o a los negros. Se pregunta cualquiera si el concepto de calidad solo puede ser refrendado por una simple prueba, la que define el gobierno, con sus propias teorías, estrategias y bagatelas tecnocráticas. Obviamente los operadores privados de la educación simulacro tras simulacro, entrenamiento tras entrenamiento, incluso solicitando a los padres de familias más dinero para el pulimento de las destrezas frente a la prueba, hoy ostentan las máximas distinciones del estado y el beneplácito de acudientes y medios de comunicación. Cobran sobra decirlo por “calidad” ofrecida.
En las escuelas públicas en cambio las pruebas las financia el estado esporádicamente. A pesar de lo anterior evaluar más no significa mejorar. Desde luego invertir más tampoco promueve sustantivamente los avances, y hoy se puede decir, que nunca se había invertido tanto en educación en América latina. La discusión se debe plantear entonces es dónde se invierte el dinero. La política de estado sabe que si coloca el dinero donde es, es posible que la educación sirva para lo que sirve en todas partes: Ubicar a las personas a pensar de manera inteligente para tomar decisiones políticas, económicas, sociales, éticas, espirituales, filosóficas y morales de beneficio individual y colectivo.

¿La educación puede salvar a América latina? ¿La educación es la llave del desarrollo de los pueblos? Cierto. Pero, creemos que las políticas neoliberales en el discurrir histórico, con distintos rostros y matices, intentará obstaculizar los propósitos (si es que los tiene) de la sociedad civil. En el horizonte del continente se perciben nuevas emergencias y movilizaciones socioculturales, esto sin duda parece que propiciará otras tendencias geopolíticas en el continente. Es posible que la unión de los países latinoamericanos sea el escenario concreto para redefinir el futuro de la región desde nuestros propios consensos y divergencias. Para ello la educación desde el marco del derecho, hoy como ayer, seguirá siendo la clave.


Gentili, Pablo. Desencanto y utopía. La educación en el laberinto de los nuevos tiempos. Los grandes enfoques de la política pública. Universidad Pedagógica Nacional. 2008.

domingo, 14 de marzo de 2010

Docencia, escuela y política: Una mirada analítica y reflexiva desde el colectivo magisterial en América latina.

Aclarado, de antemano, que en Latinoamérica la construcción de políticas docentes no ha podido superar el endeble umbral de las leyes reguladoras del sistema educativo, obliga a que la discusión sobre las actividades del maestro pueda ser observada desde un contexto notoriamente “invisible”. Esa invisibilización es en parte propiciada por el estado y por la otra parte por el mismo docente. En relación al papel del estado, la implantación del modelo neoliberal en la región cambió obviamente las relaciones de poder. El maestro dejó de ser por presión del gobierno el líder natural de la sociedad civil, hasta convertirse en un moderado empleado más del aparato burocrático del gobierno. La concepción de mercancía se le adjudicó entonces a la educación y los estudiantes comenzaron a ser vistos como un producto competitivo, que debía luchar para sobrevivir en un mercado voraz por su rendimiento y desempeño. Competitividad, desempeño, productividad y rendimiento emergieron para reemplazar los románticos conceptos de conocimiento, intelectualidad, pensamiento y raciocinio. La docencia estaba y está cuestionada en América latina y los maestros asistían y asisten cada día a “dictar clases” arrinconados por las penurias económicas, imposibilitados para defender con argumentos teóricos, éticos y sociales las añejas conquistas logradas a través de las incansables luchas sindicales de otros tiempos. De la noche a la mañana los neoliberales se inventaron que las escuelas debían preparar a los niños y jóvenes solo para el trabajo. Construir pensamiento libre, crítico, reflexivo y deliberativo eran asuntos de terroristas de la izquierda que había que erradicar del magisterio. De México a la Patagonía los procesos de invisibilización se gestaban de dos maneras: por una parte las políticas iban en detrimento de los salarios, la estabilidad laboral y la unidad sindical; y por el otro, la protesta social de los maestros fue aniquilada a través de las amenazas, el desplazamiento, la desaparición forzada o la muerte selectiva.

Sin embargo el gremio docente seguía en las aulas aunque invisibles colocando el hombro para ayudar al desarrollo de los pueblos. Su protagonismo silencioso avanzaba a cada momento en una búsqueda constante de reconocimiento. Pero en América latina, ¿qué existe en lo referente a políticas docentes?; leyes, currículos, proyectos, propuestas, programas, imposiciones, sanciones, utopías, desazón, nostalgia y trabajo denodado. Políticas coherentes, articuladas y consensuadas a través de las emergencias prohijadas por la sociedad civil poco o nada. La versión trágica del neoliberalismo se paseaba por América latina reproduciendo increíbles estadísticas de pobreza, desigualdad, segmentación y exclusión. La mano perversa de la privatización se hacía sentir. Las nociones de política educativa empezaban a ser discutidas y los discursos de calidad y equidad intentaban abandonar su sofisma semántico.
Lo emblemático de los términos no consistía en conocer su significado formal en su naturaleza propia, había obviamente detrás de ellos unas dimensiones económicas y políticas que tendrían que ser colocadas tarde o temprano en la escena de la criticidad y la reflexión. Para los gobiernos neoliberales la calidad tenía que ver con una combinación de factores y elementos manipulables, que debían arrojar unos resultados predecibles frente a unas pruebas pensadas para privatizar el sector educativo; reducir la carga laboral / pensional, desprestigiar al magisterio y pauperizar las escuelas a favor de la iniciativa privada, permitía, además, la entrada triunfal de la lógica del mercado. Era de alguna manera, también, pasar cuenta de cobro al más agresivo y beligerante de los grupos sociales de América latina: el movimiento pedagógico. En cuanto a la equidad, el modelo privatizador la observa como las condiciones mínimas en que niños y niñas de distintas clases, etnias o creencias acceden a las oportunidades escolares. No importa que la lógica del mercado abandone a la mayoría de estos seres humanos en el juego de la oferta y la demanda. La mano alargada de la educación como negocio ya es dueña de los recursos públicos. Los niños, niñas y jóvenes se adiestran en todo sin aprender porque el sistema les exige a los maestros enseñar a estos a contestar pruebas y a mecanizar tareas. Alrededor de la escuela la desolación, la miseria y la desigualdad social reactivan la tragedia.

Entonces colocar la calidad y la equidad educativa dentro del marco del derecho, como posibilidad de inclusión en las políticas docentes que necesita la región, indica de alguna manera, por lo menos, que la equidad debe ser considerada no solo un espacio sustancial para la calidad de vida de las personas del continente, sino que debe ser una condición indispensable para construir calidad, que sea una meta irreversible de ésta o por lo menos que sea su característica fundante que la identifique a lo largo y ancho del sistema y de la vida de los latinoamericanos y latinoamericanas. Sin embargo las restricciones a las que ha sido sometida la profesión docente redefinen sus acciones más como un simple trabajo, que como una actividad profesional e intelectual. Proletarización, burocratización y enajenación son los adjetivos que acompañan al docente. La creatividad, la flexibilidad y el sentido de lo que hace son conceptos que deben recuperarse desde las universidades, escuelas, grupos de discusión y desde el marco de las políticas educativas. La política es un punto de encuentro que debe volver a la escuela, La formación de los seres humanos del continente no es asunto de los yupies de los organismos multilaterales de Estados Unidos y Europa, es pensar una educación distinta desde nuestra lógica cultural y social sin apartarnos de las corrientes del pensamiento moderno, que aplique para la solución de nuestras particulares problemáticas regionales.

Reiterar que América latina es una de las regiones más desiguales del planeta tiene que ver formalmente con la exclusión histórica que se ha hecho del docente en el diseño y formulación de las políticas educativas. Visibilizar sus preocupaciones académicas, laborales, intelectuales y éticas; colocar en tensión sus visiones ideológicas desde el marco del conocimiento de los problemas de la sociedad civil, puede ser una fuente de comunicación importante en la construcción de unas políticas que tengan en cuenta las distintas emergencias que afloran en la escuela. El testimonio social del aula de clase como asunto público debe cuestionar más las ineficaces actuaciones del gobierno de cara a sus responsabilidades constitucionales; que al maestro que diariamente comparte lecturas, informaciones, conocimientos, expectativas, deseos, intenciones y producciones ideológicas para repensar al país a través de la educación.
La clase de sociedad que tratamos de construir tiene que ver con la calidad de educación que propiciamos para ella. Por tanto el desarrollo de los pueblos, así el neoliberalismo insista que es un asunto solamente económico, necesariamente debe ser gestado desde la escuela. Así los tecnócratas del estado nos digan que la educación es una cuestión estrictamente pedagógica; por razones obvias, no puede educarse a nadie dejando de lado lo político.

Hoy más que nunca nos resistimos a aceptar que los logros del magisterio de América latina puedan ser anulados eternamente por las políticas economicistas de los países desarrollados. La sociedad civil, sus docentes, sus facultades de educación pública, los movimientos pedagógicos, los movimientos sociales, los legisladores, los ejecutivos de los cargos del estado deben firmar un nuevo pacto para que haya políticas docentes serias y efectivas en la región. Como diría Juan Cassasus, “al cerrarse la puerta del aula de clase es donde realmente se juegan las políticas educativas”. La esquina, el barrio, los campos, las veredas y los conglomerados son los ámbitos de lucha para tener una mejor sociedad, obviamente pensada desde una mejor educación.
 
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