Palabras claves: Docente, magisterio, legitimación, propuesta, gobierno, evaluación, educación, derechos sindicales, responsabilidades éticas, salarios, condiciones laborales.
Resumen: Después de ser considerado por amplios sectores de la sociedad como el personaje más importante del imaginario intelectual de ésta, el docente ha dejado de ser ese eje sustancial de la construcción de conocimientos, hasta convertirse en un medio o recurso para el mejoramiento de la calidad del servicio educativo que se oferta. Ya no es fundamental para propiciar los cambios. Ya no es el punto de convergencia para discernir el tipo de enseñanza que se necesita para tener mejores ciudadanos. Las reformas educativas se centran decididamente más en los cambios pedagógicos y de gestión que en los maestros. Su quehacer es hoy un oficio común y corriente que no hace la diferencia con las demás profesiones. He aquí un análisis de sus premuras, dificultades y expectativas profesionales.
La mayoría de las políticas públicas educativas –cuando existen- históricamente no han tomado en cuenta, o muy poco privilegian, la participación de los docentes en las decisiones trascendentales que tienen que ver con su profesión. Si bien las convocatorias de los organismos del estado y las de algunas entidades privadas que se preocupan por el tema educativo proliferan, también es cierto que al momento de propiciar los cambios estructurales, los aportes consignados por los docentes se diluyen lánguidamente. La práctica docente es un tema crítico. Su discusión por tal aparece como una deuda social largamente aplazada. Colocar en escena su reconocimiento profesional más allá de la retórica de los títulos y salarios, retomar las reflexiones sobre los derechos sindicales y las libertades profesionales en calidad de asunto vital y valorar los incalculables aportes sociales hechos a la nación a través del tiempo, deben ser algunos de los elementos fundantes de una verdadera política educativa pública, que en nuestro país debe ser construida desde la sociedad civil, para que sea incidente y transformadora del sistema educativo, que hasta hoy no ha podido ayudar a mejorar la sociedad y mucho menos a tener mejores seres humanos. Algunos expertos piensan que la cuestión docente debe abordarse desde su condición profesional. Si bien es cierto que el magisterio colombiano posee unos salarios medianamente aceptables, también habría que decir, que los resultados académicos en el aula en un alto porcentaje son poco relevantes. Está claro que los maestros se capacitan en programas de postgrados, cursos, seminarios y diplomados sin el apoyo del estado; lo que indica que estos asocien dichos estudios con el mejoramiento en el escalafón docente, y de contera, recibir emolumentos superiores por su desempeño profesional. No siempre estudiar más significa enseñar más. Es decir la profesionalización es un activo que debe dimensionarse más allá del valor especulativo del status social.
La otra cara de la moneda la representa sin duda alguna el régimen laboral y las condiciones de trabajo en las que se mueve el gremio docente. En primera instancia las distintas reformas laborales que adelanta el gobierno nacional cada dos o tres años ha venido pauperizando la profesión docente. Del otrora régimen especial conseguido a través de las luchas sindicales queda poco. Los nuevos maestros prohijados bajo el decreto 1278 de 2002 poseen pocas expectativas para acceder a las mejoras que la naturaleza de su profesión requiere. Mientras el decreto 2277 de 1979 fenece con cada día menos maestros, la petición de la sociedad civil es crear las condiciones necesarias para que de la combinación de los dos decretos, surja un estatuto único de profesionalización docente que ayude a pensar políticas educativas públicas reales, dentro de un marco democrático que reconozca en los maestros, “la necesidad de redefinir un ‘nuevo pacto’ entre los sujetos de la comunidad educativa. Pacto en el que los educadores asuman la tarea de reintegrar a los niños y jóvenes excluidos en el contexto de una sociedad extremadamente desigual. Ello, debería realizarse a través de ‘políticas compensatorias’ democráticas, es decir, guiadas por las metas de la igualdad de oportunidades y posibilidades formando parte de políticas generales de reinserción laboral, cultural y social de los ciudadanos. En educación ésta debería ser integral, detectando y desmontando mecanismos de discriminación e inequidad. Es decir, debería ‘dar una mano’ a quienes han recibido u obtenido menos en el sistema educativo”[1]. En Colombia aún estamos lejos de considerar a nuestros docentes (sobre todo el gobierno actual) en calidad de protagonistas de las grandes transformaciones sociales a través de la educación que necesita el país. Incluso, algunos personajes de la política nacional, cuestionados hasta los tuétanos, soterradamente imaginan que algunos artefactos tecnológicos podrían reemplazar con lujo de detalles al docente. El intento fallido de virtualizar en su totalidad las prácticas pedagógicas en la formación inicial y en servicio de los maestros colombianos, no es más que otro ardid del estado para remover docentes de sus cargos, en un afán desmedido por cumplir las metas financieras de los organismos multilaterales y, de paso, fabricar una realidad acorde al pensamiento neoliberal del gobierno nacional. Parece ser que lo aprendido no es posible enseñarlo con los mismos códigos. La desprofesionalización dejó de ser un sofisma. Sin embargo, para el pensador italiano Emilio Tenti, “mientras no se invente la maquina de enseñar, los docentes siguen siendo la pieza fundamental”. No solo para generar los cambios estructurales de un país en crisis, sino para construir un nuevo ser humano, que entienda de una vez por todas, que es mejor pedir permiso a tiempo que ofrecer disculpas o perdón cuando ya sirven de poco; que aprenda que no siempre el fin justifica los medios y que el concepto de legalidad es el único que debe usar el estado para defenderse o salvaguardar los bienes y la honra de sus gobernados. En tal sentido, la escuela y sus docentes, seguirán siendo el punto de encuentro para una formación educativa que privilegie la dignidad, la igualdad, el respeto y la construcción colectiva del pensamiento crítico para todos.
La discusión está planteada. Los cuestionamientos al gremio, a la enseñanza, al aprendizaje y al resto de las acciones estructurales de la escuela son necesarios para que afloren las divergencias. Los consensos silenciosos en educación solo producen acuerdos que propician exclusión. Los docentes seguimos construyendo sociedad a espaldas incluso de la misma sociedad.
[1] Adriana Puiggrós, “Educación y poder: los desafíos del próximo siglo”, Carlos Alberto Torres (Compilador), Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana en el siglo XXI, (Buenos Aires: CLACSO, 2001), pp. 18 y sgtes.
La mayoría de las políticas públicas educativas –cuando existen- históricamente no han tomado en cuenta, o muy poco privilegian, la participación de los docentes en las decisiones trascendentales que tienen que ver con su profesión. Si bien las convocatorias de los organismos del estado y las de algunas entidades privadas que se preocupan por el tema educativo proliferan, también es cierto que al momento de propiciar los cambios estructurales, los aportes consignados por los docentes se diluyen lánguidamente. La práctica docente es un tema crítico. Su discusión por tal aparece como una deuda social largamente aplazada. Colocar en escena su reconocimiento profesional más allá de la retórica de los títulos y salarios, retomar las reflexiones sobre los derechos sindicales y las libertades profesionales en calidad de asunto vital y valorar los incalculables aportes sociales hechos a la nación a través del tiempo, deben ser algunos de los elementos fundantes de una verdadera política educativa pública, que en nuestro país debe ser construida desde la sociedad civil, para que sea incidente y transformadora del sistema educativo, que hasta hoy no ha podido ayudar a mejorar la sociedad y mucho menos a tener mejores seres humanos. Algunos expertos piensan que la cuestión docente debe abordarse desde su condición profesional. Si bien es cierto que el magisterio colombiano posee unos salarios medianamente aceptables, también habría que decir, que los resultados académicos en el aula en un alto porcentaje son poco relevantes. Está claro que los maestros se capacitan en programas de postgrados, cursos, seminarios y diplomados sin el apoyo del estado; lo que indica que estos asocien dichos estudios con el mejoramiento en el escalafón docente, y de contera, recibir emolumentos superiores por su desempeño profesional. No siempre estudiar más significa enseñar más. Es decir la profesionalización es un activo que debe dimensionarse más allá del valor especulativo del status social.
La otra cara de la moneda la representa sin duda alguna el régimen laboral y las condiciones de trabajo en las que se mueve el gremio docente. En primera instancia las distintas reformas laborales que adelanta el gobierno nacional cada dos o tres años ha venido pauperizando la profesión docente. Del otrora régimen especial conseguido a través de las luchas sindicales queda poco. Los nuevos maestros prohijados bajo el decreto 1278 de 2002 poseen pocas expectativas para acceder a las mejoras que la naturaleza de su profesión requiere. Mientras el decreto 2277 de 1979 fenece con cada día menos maestros, la petición de la sociedad civil es crear las condiciones necesarias para que de la combinación de los dos decretos, surja un estatuto único de profesionalización docente que ayude a pensar políticas educativas públicas reales, dentro de un marco democrático que reconozca en los maestros, “la necesidad de redefinir un ‘nuevo pacto’ entre los sujetos de la comunidad educativa. Pacto en el que los educadores asuman la tarea de reintegrar a los niños y jóvenes excluidos en el contexto de una sociedad extremadamente desigual. Ello, debería realizarse a través de ‘políticas compensatorias’ democráticas, es decir, guiadas por las metas de la igualdad de oportunidades y posibilidades formando parte de políticas generales de reinserción laboral, cultural y social de los ciudadanos. En educación ésta debería ser integral, detectando y desmontando mecanismos de discriminación e inequidad. Es decir, debería ‘dar una mano’ a quienes han recibido u obtenido menos en el sistema educativo”[1]. En Colombia aún estamos lejos de considerar a nuestros docentes (sobre todo el gobierno actual) en calidad de protagonistas de las grandes transformaciones sociales a través de la educación que necesita el país. Incluso, algunos personajes de la política nacional, cuestionados hasta los tuétanos, soterradamente imaginan que algunos artefactos tecnológicos podrían reemplazar con lujo de detalles al docente. El intento fallido de virtualizar en su totalidad las prácticas pedagógicas en la formación inicial y en servicio de los maestros colombianos, no es más que otro ardid del estado para remover docentes de sus cargos, en un afán desmedido por cumplir las metas financieras de los organismos multilaterales y, de paso, fabricar una realidad acorde al pensamiento neoliberal del gobierno nacional. Parece ser que lo aprendido no es posible enseñarlo con los mismos códigos. La desprofesionalización dejó de ser un sofisma. Sin embargo, para el pensador italiano Emilio Tenti, “mientras no se invente la maquina de enseñar, los docentes siguen siendo la pieza fundamental”. No solo para generar los cambios estructurales de un país en crisis, sino para construir un nuevo ser humano, que entienda de una vez por todas, que es mejor pedir permiso a tiempo que ofrecer disculpas o perdón cuando ya sirven de poco; que aprenda que no siempre el fin justifica los medios y que el concepto de legalidad es el único que debe usar el estado para defenderse o salvaguardar los bienes y la honra de sus gobernados. En tal sentido, la escuela y sus docentes, seguirán siendo el punto de encuentro para una formación educativa que privilegie la dignidad, la igualdad, el respeto y la construcción colectiva del pensamiento crítico para todos.
La discusión está planteada. Los cuestionamientos al gremio, a la enseñanza, al aprendizaje y al resto de las acciones estructurales de la escuela son necesarios para que afloren las divergencias. Los consensos silenciosos en educación solo producen acuerdos que propician exclusión. Los docentes seguimos construyendo sociedad a espaldas incluso de la misma sociedad.
[1] Adriana Puiggrós, “Educación y poder: los desafíos del próximo siglo”, Carlos Alberto Torres (Compilador), Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana en el siglo XXI, (Buenos Aires: CLACSO, 2001), pp. 18 y sgtes.
